Un bono verde es un valor de renta fija cuyas principales características son las mismas que las de un bono “estándar”, esto es, se emiten a un plazo determinado, a un tipo de interés fijado y el emisor se compromete a devolver al inversor el capital invertido en el mismo. La diferencia con los bonos “estándares” estriba en que los importes que el emisor recaba con los bonos verdes los debe destinar a la financiación de proyectos verdes, que han de estar alineados con los cuatro componentes principales de los Green Bond Principles[1].
Para emitir bonos verdes es necesario englobar el proyecto en una de las siguientes ocho categorías: energía, edificaciones, transporte, gestión de aguas, control de la polución y gestión de residuos, activos basados en la naturaleza, como el uso de la tierra, agricultura o forestación, industria y energía, y tecnología de la información y de las comunicaciones.
Además, los bonos verdes suelen estar respaldados bien por los activos que financian, bien por la entidad que los emite.
De manera voluntaria, los emisores también pueden emitir bonos verdes bajo el estándar aprobado por la Unión Europea por medio del Reglamento (UE) 2023/2631 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de noviembre de 2023, sobre los bonos verdes europeos. Estos bonos, siempre que cumplan los requisitos necesarios, podrán emplear la denominación “bono verde europeo” o “BVEu”.
[1] Los cuatros componentes son los siguientes: uso de los fondos, proceso para la evaluación y selección de proyectos, gestión de los fondos y reporting. Para ampliar información sobre estos componentes, se pueden consultar en la siguiente publicación: Green Bond Principles, Voluntary process guidelines for issuing green bonds, June 2021, The Green Bond Principles, ICMA.
