La norma de referencia es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, aplicable desde el 25 de mayo de 2018.
Esta norma se aplica directamente en los Estados miembros sin necesidad de transposición, lo que da una idea de la relevancia que esta materia tiene para las autoridades europeas.
En España, para adaptar el ordenamiento jurídico al RGPD, se publicó la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que derogó la anterior legislación en la materia (Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo).
El Reglamento (UE) 2016/679 pretende contribuir a la plena realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia y de una unión económica, al progreso económico y social, así como al bienestar de las personas físicas, ante un entorno de rápida evolución tecnológica y globalización que ha planteado nuevos retos para la protección de los datos personales (la tecnología permite que tanto las empresas privadas como las autoridades públicas utilicen datos personales en una escala sin precedentes a la hora de realizar sus actividades y las personas físicas difunden un volumen cada vez mayor de información personal a escala mundial). El RGPD responde a la necesidad de garantizar que en toda la Unión Europea la aplicación de las normas de protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos de carácter personal sea coherente y homogénea, concediendo a las personas físicas tener el control de sus propios datos personales.
