La Directiva, para proteger adecuadamente los intereses de la clientela, obliga a las entidades financieras a conocer a sus clientes y a clasificarlos en tres categorías (minorista, profesional o contraparte elegible –grandes inversores institucionales-) en función de su experiencia inversora, sus conocimientos y su cualificación para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos.
También obliga la Directiva a las entidades a distinguir los productos de inversión entre productos MiFID y productos No MiFID, así como a evaluar la idoneidad y conveniencia de los productos en función del perfil del cliente a través de distintos test, o mejorar la información pre y post contractual, entre otros aspectos.