Son los poderes públicos los encargados de determinar aquellas actividades que conllevan la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil. Entre ellas se encuentran la conducción de automóviles, la realización de actividades de caza, el uso de embarcaciones de recreo o deportivas, así como algunas actividades relativas a la profesión ejercida por el asegurado (ej.: médicos).