El inversor que materializa su ahorro en renta fija debe ser consciente de que la tenencia de títulos de esta naturaleza únicamente le concede derechos de carácter económico, y no de orden político (no participa en la toma de decisiones de la entidad emisora); solo tiene los derechos derivados de su condición de prestamista, es decir:
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La percepción de un rendimiento de forma periódica o única, mientras sea propietario del título.
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El derecho a recuperar la inversión efectuada, en los términos fijados en la emisión.
En definitiva, el inversor (bonista) se convierte en acreedor de la institución pública o privada que emite el título, pero no en propietario de la misma, por lo que en caso de liquidación del emisor mantiene una posición de prioridad frente a los accionistas/socios (en caso de existir).
