Esta Ley tiene como principal objetivo la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/17/UE sobre los contratos de crédito celebrados con las personas físicas para bienes inmuebles de uso residencial.
Además, y como se indica en su exposición de motivos, vista la experiencia hasta la fecha, y al objeto de la recuperación de la confianza de los prestatarios, se introducen previsiones cuya finalidad es la de potenciar la seguridad jurídica, la transparencia y la comprensión de los contratos y de las cláusulas que los componen, así como el justo equilibrio entre las partes.
A este respecto, se abordan algunas cuestiones controvertidas en los últimos años, como los intereses de demora o la cláusula de vencimiento anticipado en contratos con consumidores, para, de este modo, reforzar la solidez del sistema hipotecario español.
