Una de las claves de todo sistema financiero es la confianza que los usuarios depositan en el mismo, y uno de los instrumentos para lograr esa confianza es el fácil conocimiento de las condiciones de funcionamiento del sistema, en particular por parte de los clientes.
Para facilitar este conocimiento se dictan normas, llamadas de transparencia y protección de la clientela, cuya finalidad es proteger los legítimos intereses de los clientes y establecer un conjunto de obligaciones específicas aplicables a las relaciones contractuales que éstos asumen frente las entidades, exigiendo la comunicación de las condiciones básicas de las operaciones y regulando determinados aspectos de su publicidad, normas de conducta e información.
En palabras del Gobernador del Banco de España, “…la crisis financiera de 2008 trajo consigo un cambio de paradigma, pasando a un régimen jurídico que configura un papel más activo para las entidades, que ya no tienen que limitarse a cumplir con determinadas obligaciones de información, sino que, además, deben actuar de manera honesta, imparcial, transparente y profesional, teniendo en cuenta los derechos, intereses y necesidades de la clientela”[1].
[1] Pablo Hernández de Cos, “La supervisión de conducta en la protección del cliente bancario” discurso pronunciado el 6 de mayo de 2024.