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Es una Ley aprobada por las Cortes Generales españolas y publicada en el Boletín Oficial del Estado del 16-03-2019, cuyo principal objetivo es la transposición al ordenamiento jurídico española de la Directiva la Directiva 2014/17/UE sobre los contratos de crédito celebrados con las personas físicas para bienes inmuebles de uso residencial. 

Además, y como se indica en su exposición de motivos, vista la experiencia hasta la fecha, y al objeto de la recuperación de la confianza de los prestatarios, se introducen previsiones cuya finalidad es la de potenciar la seguridad jurídica, la transparencia y comprensión de los contratos y de las cláusulas que los componen, así como el justo equilibrio entre las partes. 

Especialmente se ha tratado de resolver algunas cuestiones judicialmente controvertidas en los últimos años, como los intereses de demora o la cláusula de vencimiento anticipado en contratos con consumidores, para de este modo, reforzar la solidez del sistema hipotecario español.