La primera cuestión que hay que decidir es si la actividad empresarial va a ser llevada a cabo por una persona física, de manera individual, o a través de alguna de las formas societarias previstas por la legislación.

Esta primera elección tiene una indudable trascendencia en el plano financiero:

  • El empresario autónomo, al menos formalmente, no necesita disponer de un montante de recursos propios para aportar como capital, lo que sí ocurre en el caso de una sociedad.
  • No obstante, es evidente que, para poder emprender un negocio, el empresario individual necesita disponer de fondos para poder acometer las inversiones y los gastos de establecimiento precisos para el desarrollo de su actividad. En caso de no disponer inicialmente de fondos propios, al menos será necesario que los recursos obtenidos a crédito tengan un periodo amplio para su devolución.
  • Las fórmulas societarias permiten que el esfuerzo de aportación de capital se reparta entre un número más o menos amplio de socios, aunque también existe la posibilidad de sociedades con un único socio (sociedades unipersonales).
  • Por otra parte, en caso de necesidades financieras futuras, con carácter general, el empresario individual dependerá de su propia disponibilidad de recursos o del canal de la financiación bancaria; las sociedades pueden apelar a sus socios (ampliaciones de capital, aportaciones y préstamos), captar nuevos socios o recurrir igualmente a la financiación bancaria.

Lo relativo a la constitución de sociedades fue tratado con mayor detalle en el capítulo dedicado a la elección de la forma jurídica de la empresa. Cabe aquí recordar que la constitución de sociedades mercantiles requiere el otorgamiento de escritura pública y su inscripción en el Registro Mercantil, mientras que otras formas, como la sociedad civil, pueden constituirse mediante contrato privado (verbal o escrito), salvo que se aporten inmuebles, en cuyo caso sí se requiere el otorgamiento de escritura pública.